" Aún cuando la publicación del llamado a licitación no fue hecha, la empresa SEC ya está avanzando con carteles con los que limita el estacionamiento y amenaza con acarreo de vehículos a los vecinos de Barracas”, manifestó Sergio Abrevaya, presidente del GEN C.A.B.A.

imágenes correspondientes a calle Montes de Oca 123/329/427, aportes de @roddelrio

“Si bien la Legislatura aprobó la ley con abrumadora rapidez y dudosa mayoría a fines de noviembre, todavía no se han cumplido los pasos necesarios para restringir el estacionamiento y tampoco para que la empresa SEC se adjudique el espacio”, continuó Abrevaya.

Finalmente, el referente del GEN expresó: “Más allá de manifestarme en desacuerdo con esta ley, debemos recordar que el sistema todavía no entró en vigencia. Con este sistema el 45% de las calles porteñas tendrán estacionamiento medido y muchos vecinos deberán pagar por dejar su auto cuando visiten a un familiar, dejen a sus hijos en el colegio y algunos en la puerta de sus propios hogares”.

Miércoles 22/2 a las 14:00 hs. en el Senado de la Nación
-SALÓN AUDITORIO -EDIFICIO ALFREDO PALACIOS-

Stolbizer fundamentó en el recinto el dictamen de rechazo del interbloque Progresista sobre la modificación a la ley de riesgos de trabajo. También lo firmaron los diputados Facundo Moyano y Taboada del Frente Renovador.

“El oficialismo se espanta por el alto nivel de litigiosidad pero no por la cantidad de accidentes que hay” y agregó: “fomentar el crecimiento y la competitividad de las empresas tiene que tener un contenido moral y el Estado siempre debe proteger a los sectores más vulnerables en la desigualdad de la relación laboral”

“Ningún trabajador elige ir a juicio por sobre su salud y la continuidad laboral”.

“Nos diferencia del gobierno que ellos eligen ponerse del lugar del más fuerte. Y solo ven al Estado para hacer negocios. Por eso les explota en las manos el tema del Correo.

La diputada Margarita Stolbizer expresó que para bajar el nivel de litigiosidad hay que mejorar las condiciones en general y especialmente de seguridad de los trabajadores. No se puede bajar la cantidad de juicios sin bajar los siniestros.

    Con juzgados en los que los expedientes hacen simbiosis con las paredes y techos, el traspaso de la Justicia Ordinaria Nacional al ámbito porteño es crucial. Sabemos que es complejo y debe hacerse de forma tal de garantizar la estructura judicial, la obra social, la escala salarial y la amplia competencia que estos juzgados han tenido siempre. 
   La ciudad creó el Tribunal Superior, el Consejo de la Magistratura, y los fueros contenciosos, contravencional y penal. Este último para atender la transferencia en materia de delitos a cuentagotas que hasta hoy opera en CABA y que en definitiva, si continúa, podría significar la duplicidad de estructuras en materia penal. Así también las cuestiones de familia, no son ventiladas en una justicia local, ni las contractuales, ni la de la actividad comercial. Toda la vida social y económica de la Ciudad pasa por juzgados nacionales que dependen de la Corte Suprema, tanto como instancia de apelación como económica y funcionalmente.
     Este traspaso permitiría reformas que los propios jueces demandan, como la oralización del proceso civil, que es mucho más sencillo de debatir en la Legislatura que en el Congreso Nacional, en el que las provincias se preguntan por qué aún hoy tienen que aprobar leyes que afectan solo a la Ciudad. Es obvio que en la CABA hay muchas más chances de aprobarla, de que sea bien recibida y que los legisladores participen de ese debate convocando jueces para escucharlos. Esa inmediatez deseada ya no existe en el ámbito nacional.
     La Justicia Nacional goza de prestigio frente a las demás jurisdicciones, aunque es paria en términos de organización republicana, en tanto no es federal, pero depende de la Nación en un territorio con justicia y legislatura propias. 

El cambio redundaría en otorgarle un mayor prestigio como la de Nueva York, dejando el limbo de nacional Ordinaria para convertirse en la de la Justicia de la Ciudad, dando a los porteños la posibilidad de apelar ante un Tribunal Superior que pertenece a la Ciudad y que ya se encuentra en funciones. Los juzgados ganarán una mayor independencia, ya que la estructura económica depende del Consejo de la Magistratura, que integran por partes iguales jueces, abogados y legislatura, composición inalterable y fijada en la Constitución. Hoy los fueros Civil y Comercial Nacional cuentan con una infraestructura que temen perder y que cualquier transferencia debería contemplar mantener. Pero en realidad es el tiempo de cuestionar. ¿Puede el Fuero Civil, por ejemplo, con 140.000 causas por año continuar desarrollando su actividad en un ‘sucucho‘ en cualquier edificio de los que les tocó permanecer en Tribunales, con anaqueles que se caen, escritorios contra la pared, pasillos improvisados como oficinas, y colgados en palacio de la red wifi de la Corte?
Depender de la Corte los puso a salvo de los vaivenes políticos del Consejo de la Magistratura, pero al mismo tiempo los ha convertido en kelpers del presupuesto que ejecuta el máximo tribunal. 
Al revés fue el destino de la administración en CABA. Los jueces gozan de una infraestructura más moderna. Cualquiera que camine los tribunales nacionales sabe que los juzgados hoy mezclan la nueva gestión vía web con máquinas obsoletas y un sistema que se cuelga.

Para la legisladora, el gobierno reincide en lo que terminará siendo una nueva declaración de inconstitucionalidad, lo que derivará en mayor litigiosidad. Porque además de litigar por el accidente se harán juicios por inconstitucionalidad, al poner nuevos requisitos en cabeza de los trabajadores, que limitan, condicionan o cercenan sus derechos. Todas las modificaciones que se fueron haciendo a la ley 24557 la han vuelto más regresiva. De aprobarse esta reforma se estaría no desoyendo las múltiples sentencias judiciales de inconstitucionalidad.

“Hay algo más grave, estaríamos avalando la injusticia que significa reconfirmar un sistema que perjudica al eslabón más vulnerable en la relación laboral” y agregó que “Quien tiene que poner el equilibrio es el estado que en cambio abdica de esa obligación inclinando la balanza en favor de los más poderosos”

“Eso nos diferencia de aquellos que entienden al estado solo como el lugar donde hacer buenos negocios privados, también es lo que ha ocurrido con el Correo. El gobierno sabía que tenía la responsabilidad de terminar con los negocios privados”.

“Creemos en la participación activa del estado para mejorar la condición de los sectores más vulnerables y para eso se debe discutir la ley de riesgos del trabajo”

El dictamen señala que la cuestión de que el trabajador deba pasar obligatoriamente por la instancia administrativa de las comisiones médicas lo ponen en total desigualdad frente a otra persona que recibe un daño como consecuencia de un accidente. “Viola el principio de igualdad ante la ley”.

Lo que falla es el control del Estado sobre la seguridad de los 10 millones de trabajadores que están bajo este sistema que están en manos de 21 ART.

“Por último suponer que se subsana la inconstitucionalidad a través de la adhesión de las provincias resignando en favor del poder nacional también quita la garantía del juez natural. Es decir el juez del domicilio del trabajador o del empleador”.

“Si existen reclamos ante la justicia es porque falla la prevención, es porque fallan los mecanismos y controles de las ART para evitarlos, porque el estado continúa infrigiendo la normativa supranacional al sostener un listado cerrado de enfermedades; y porque las ART y las comisiones médicas se acogen a un criterio restrictivo para el reconocimiento de enfermedades y grados de incapacidades.”

“No se puede bajar la litigiosidad sin bajar los siniestros. Si hay juicios es porque hay trabajadores que sufren accidentes o enfermedades laborales.”

  El Senador Nacional del GEN, por la Provincia de Buenos Aires, Jaime Linares participar el miércoles 22 de Febrero a las 14:00 hs. de la presentación del Informe de Femicidios que abarca el período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

En el encuentro también se abordará la necesidad de avanzar con el proyecto de “Ley Brisa” presentado por el Senador Linares, que fija una reparación económica para niños/as y adolescentes víctimas del femicidio cometido hacia su progenitora.

El proyecto de “Ley Brisa” tiene dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación y espera su tratamiento en la comisión de la Banca de la Mujer. “La ley permitirá que hijos/as y adolescentes, que quedan huérfanos de su madre por femicidio, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura integral de salud, hasta su mayoría de edad”, afirmó Linares.

   El informe es realizado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por La Asociación Civil La Casa del Encuentro con el apoyo de la Fundación Avon, y la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

    El Panel estará integrado por los Senadores Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Jaime Linares y Juan Manuel Abal Medina; Guadalupe Tagliaferri, Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano de CABA; Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de CABA; Ana Inés Álvarez, Programa Alza la Voz de Fundación Avon; Andrea Gualde, Directora de Asuntos Jurídicos Farmacity; Clara Santamarina, Área Jurídica del Observatorio de Femicidios y Ada Beatriz Rico, Presidenta de La Casa del Encuentro.

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